Soberanía alimentaria en tiempos de Covid-19

Hace tiempo que numerosas organizaciones y personas comprometidas con la preservación del medio ambiente y la justicia económica vienen denunciando la insostenibilidad de nuestra soberanía alimentaria y sistema de producción agrícola.

Cuando nos sobrevino el Covid-19, las sociedades agrícolas estaban demandando un cambio en la regulación de las políticas de producción alimentaria. Esto implica un cambio de modelo económico que podría entenderse como una utopía deseable. 

Repasar las causas que generaron este desequilibrio y las razones de estas demandas puede ser un buen ejercicio de reflexión durante el confinamiento.

Las organizaciones agrarias y campesinas denuncian que los precios percibidos por quienes producen los alimentos no reflejan el valor real ni los costes de producción, y que el precio pagado por quienes consumen esos alimentos son desproporcionados con respecto a lo percibido por quienes los producen.

Justicia económica y medioambiental

Numerosos expertos consideran que la sostenibilidad del sistema alimentario ha de ser un objetivo global y urgente, ya que con la comida que se desecha podría alimentarse a 2.000 millones de personas, y aún hay 240 millones que pasan hambre, principalmente en el continente africano.

Nadie puede negar el placer de comer un aguacate fuera de temporada, sobre todo en países en los que este fruto no es autóctono. La libertad de poder comer (y de poder cultivar) productos como este, chocan frontalmente con la justicia económica y medioambiental.

Libertad, según la RAE, es la facultad y derecho individual para hacer todo aquello que las leyes no prohíben y que no perjudique a los demás. Las libertades conquistadas tras la Revolución Industrial a veces se sustentan sociológica y políticamente en prácticas que obvian este aspecto: el de no perjudicar a los demás.

Otra cuestión es si esas leyes a las que se alude perjudican o no a terceros. Al hilo de lo que denuncian las organizaciones agrarias y campesinas, podríamos hacer un poco de historia.

Superproducción de cultivos y cambio climático 

Los gremios han existido casi desde los orígenes de la civilización, cuando las personas comenzaron a especializarse en determinadas tareas sociales: pastores, tejedores, alfareros, agricultores, sacerdotes, médicos, etc.

En Europa y sus colonias en América, las corporaciones gremiales jugaron un papel importante durante la etapa precapitalista, pero luego estuvieron prohibidas debido a que se consideraban contrarias a la libertad de mercado.

Lo cierto es que asociarse en estructuras organizadas permitió evitar el abuso en la producción y la competencia desleal en los precios.

La cuestionable evolución de la civilización lleva hoy a esquilmar bosques, a la desertización y a una superproducción de cultivos que pueden permitirse una rebaja en los precios, entre otras cosas.

¿Qué problemas genera nuestro sistema agroalimentario actual?

• La liberalización en el sector, que incluso cotiza en bolsa
• La premisa de producción de alimentos sin límite
• La no vinculación a políticas de nutrición o sanitarias
• La desregularización del sistema, ya que se rige por las leyes de la economía de mercado
• La falta de consideración del impacto ambiental que supone y que cada día influye más en el cambio climático

Las consecuencias: se han incrementado los monocultivos (maíz, soja, trigo…), lo que conlleva una pérdida de biodiversidad agrícola que acelera la erosión del suelo; se usan de fertilizantes químicos que han contaminado agua dulce y océanos; y aumenta la emisión de gases de efecto invernadero, entre otras.

>La lucha de México por la soberanía alimentaria de su maíz<

Sin embargo, con la llegada de la pandemia, esta forma de producción agrícola se erige como la salvación ante la situación de confinamiento.

Costes inasumibles para las pequeñas

Esos distribuidores e intermediarios cuya ética mercantil estaba siendo puesta en cuestión ante las protestas de las pequeñas sociedades agrícolas, son ahora, los héroes de la situación. 

Más de 600 organizaciones de todo el estado español exigen medidas para apoyar la producción y comercialización agroalimentaria de pequeña escala, el ámbito agroecológico y la economía local.

Reclaman la apertura de los mercados alimentarios, apostar desde la administración por las producciones locales o medidas fiscales como la exención del pago de autónomos a las pequeñas granjas.

Por otra parte, el cierre generalizado de los mercados alimentarios por la interpretación excesivamente restrictiva de muchos gobiernos locales y autonómicos provoca que las prohibiciones decretadas por el estado de alarma ante la pandemia del COVID-19 estén generando costes inasumibles a los productores y las productoras locales.

La gran empresa se apropia de África

Esta situación está afectando profundamente a sus modos de vida, además de estar incrementando el desperdicio alimentario por la imposibilidad de dar salida a sus productos y, lo que es más grave, que no lleguen a la ciudadanía alimentos básicos, frescos y más sanos frente a los procesados. 

Pero sucede que las grandes empresas se están apropiando, además, de vastas extensiones de tierra en el continente más hambriento del planeta.

Recientemente ha salido a la luz que unos 600 millones de libras del dinero que Reino Unido destina a la ayuda al desarrollo, cortesía de los contribuyentes, están siendo aprovechados por las grandes empresas para incrementar sus beneficios en África a través de la Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición.

A cambio de recibir ayuda económica e inversiones empresariales, los países africanos tienen que cambiar sus leyes para facilitar a las empresas la adquisición de tierras, el control del suministro de semillas y el de los productos de exportación.

Más apoyo y distribución justa

El año pasado, el director de Global Justice Now, Nick Dearden, dijo que esto es “exactamente lo contrario de lo que se necesita, que es apoyar a los pequeños agricultores y una distribución más justa de la tierra y los recursos para dar a los países africanos mayor control sobre sus sistemas alimentarios”.

Etiopía, Ghana, Tanzania, Burkina Faso, Costa de Marfil, Mozambique, Nigeria, Benín, Malawi y Senegal participan en la Nueva Alianza.

El actual paradigma se basa en el supuesto de que los países en desarrollo necesitan adoptar políticas neoliberales y que el dinero público, bajo el disfraz de las ayudas, debería facilitar este proceso. 

Durante generaciones los agricultores han estado guardando e intercambiando semillas entre ellos. Esto les ha proporcionado un cierto grado de independencia y les ha permitido innovar, mantener la biodiversidad, adaptar las semillas a las condiciones climáticas y defenderse de las enfermedades vegetales.

Semillas híbridas, solo para grandes

Sin embargo, las grandes empresas de semillas, con la ayuda de la Fundación Gates, del gobierno estadounidense y de otros donantes de ayuda, están contemplando nuevas formas de aumentar su nivel de penetración en el mercado, desplazando los sistemas de semillas de los propios agricultores.

Las semillas híbridas comercializadas por estas empresas a menudo producen mayores cosechas la primera vez que son plantadas, pero con la segunda generación de semillas se obtiene una cosecha menor y los cultivos desarrollan caracteres imprevisibles, que los hace inadecuados para su conservación y uso posterior.

Phil Bereano, activista por la soberanía alimentaria dentro de AGRA Watch, advierte que  las empresas occidentales solo eligieron los aspectos más rentables de la cadena de producción de alimentos, mientras que dejaron que el sector público de África corriera con los gastos de los aspectos que no resultaban rentables, lo que mejoró la rentabilidad a lo largo de la cadena.

En Mozambique la agricultura lo es todo

En Mozambique el sector agrícola representa alrededor del 30% del PIB y el 25% del total de exportaciones (alimentos y materias primas agrícolas). La agricultura, que emplea al 80% de la fuerza de trabajo, es la principal fuente de ingresos para más de un 70% de la población. 

Algunas empresas agrícolas han expulsado de sus tierras a los pequeños agricultores. Bananalandia, una explotación de 1.400 hectáreas cercana a Maputo, ha mejorado la vida de la población local: da empleo a 2.800 personas y ha construido carreteras, escuelas y tendido líneas eléctricas.

Carga y transporte de una de nuestras bici-bombas

También ha ayudado a convertir Mozambique en país exportador de plátanos. Sin embargo, son muchas las personas, antiguas propietarias de las pequeñas fincas familiares, que se han quedado sin nada.

Estas tierras de las afueras de Maputo son la imagen que resume las opciones agrícolas de África: ¿la producción de alimentos se hará en enormes plantaciones como Bananalandia o en las pequeñas explotaciones llamadas machambas?

La diversificación, mayor resiliencia

Es frecuente que se transmita a la sociedad a través de los medios de comunicación y los estamentos políticos que el hambre, y las crisis alimentarias en general, tienen un origen en el propio sector terciario: malas cosechas, tecnologías anticuadas, falta de cultura, cuestiones meteorológicas adversas, falta de capacidad de almacenamiento, etc.

Pero lo cierto es que el hambre, si bien los mencionados factores tienen su influencia, tiene que ver mucho más con el papel de las grandes entidades financieras, la tolerancia política e institucional frente a las grandes estrategias especulativas, o el papel de las grandes multinacionales del agronegocio, que con la cantidad de alimento producido.

No se trata de aumentar los rendimientos, sino de permitir las técnicas agrícolas que han “funcionado” durante milenios y los sistemas productivos diversificados que otorgan resiliencia ante las adversidades.

No se trata de introducir capital financiero en el mundo agrario sino de permitir que la estructura de precios sea justa, que las decisiones sobre cuánto, cómo y dónde comercializar las producciones recaigan sobre las personas que producen el alimento, otorgándoles independencia y soberanía.

No se trata de convertir el paisaje, los alimentos y los medios de producción en mercancías, sino de garantizar el acceso a estos como derecho fundamental y universal.

En Azada Verde trabajamos en la lucha contra el cambio climático mediante el uso de energías limpias y sostenibles, con las que además, ayudamos a numerosas familias agricultoras a salir del pozo del hambre y la pobreza. Puedes colaborar pulsando en el siguiente link.

FUENTES: SOBERANÍA ALIMENTARIA (biodiversidad y culturas), National Geographic