Ley sobre el cambio climático y realidad ambiental
El jueves 13 de mayo de 2021 el gobierno español aprobó la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética en España.
La intención es que España pueda cumplir sus compromisos internacionales para alcanzar la neutralidad climática en 2050, esto es, que la cantidad de emisiones de efecto invernadero producida pueda ser absorbida por la naturaleza.
Afortunadamente para España, por fin ha sonado la campana de “tonto el último”, y además, las ayudas que Europa tiene programadas están en la base de la aparición de la tan deseada ley.
Nuestra recién nacida ley recoge los siguientes supuestos:
- Reducir las emisiones un 23% respecto a 1990 (en otros países de la UE este porcentaje aumenta desde el 40% en Francia y el 65% en Alemania).
- Promover las energías renovables hasta un 43% .
- Conseguir un 74% de generación eléctrica a partir de energías de origen renovable, hasta llegar al 100% en 2050.
La presente ley recoge en su objeto, por primera vez, las políticas de adaptación y la necesidad de definir un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático, que facilite un seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como la necesidad de elaborar informes de riesgos. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética. Sobrecoge saber que hasta ahora no existían en nuestro país tales mecanismos.
La tasa de carbono en frontera supone otra forma de discriminación para los países con un IDH bajo
La Ley del Clima Europea se ha puesto las pilas en una batalla para ser los primeros en todo esto del cambio climático después de que Joe Biden se haya posicionado a favor de luchar contra las emisiones. El objetivo de Europa es llegar a una reducción del 55% de emisiones para el 2030.
Los cambios orientan los de nuestra ley: se apuesta por el transporte eléctrico, se quiere potenciar la agricultura ecológica, mejorar la eficiencia energética de hogares y empresas y se contemplan medidas fiscales como la tasa climática para las importaciones, lo que se llama impuesto sobre el carbono en frontera.
La imposición de esta tasa afecta a países en vías de desarrollo cuyas exportaciones se ven seriamente comprometidas, a pesar de que son pocos los que emiten gases de efecto invernadero de forma significativa ya que el principal consumidor del carbono es el consumidor del país avanzado. Se cobran tasas a países que emiten poco por importar a países que emiten más, es decir, que consumen más carbono en su día a día.
El comercio de emisiones: pagar para contaminar
Una de las medidas que propuso la UE en el protocolo de Kioto, fue crear el mercado de derechos de emisión. Según esto, hay empresas (y por tanto países) que tienen más derecho a emitir según sea su actividad. Se estipuló un límite de 25 toneladas de CO2 para que te saliera gratis emitir. Si emites más, pagas derechos de emisión.
Pagar un derecho cuestionable es una expresión que sugiere, de entrada, una demagogia recalcitrante. Así, países como Mozambique, que apenas generan emisiones, pueden vender estos derechos a los países más desarrollados.
La Comunidad Europea es responsable de casi una cuarta parte de las emisiones históricas acumuladas en el mundo, por lo que son muchos quienes consideran injusto que el bloque penalice e imponga su voluntad a estados más pobres, con menos emisiones per cápita y que se encuentran en una fase mucho más temprana de su desarrollo económico lo que contribuye a aumentar la desigualdad.
Mozambique tiene dificultades para gestionar la crisis climática, por si no tuviera bastante con la crisis económica y política que viene padeciendo. Es el tercer país del continente más expuesto a desastres medioambientales como ciclones, sequías e inundaciones pese a que la emisión media de carbono de la ciudadanía mozambiqueña es 55 veces menor que la de EEUU y casi 17 menos que una persona española.
Qué legisla Mozambique sobre el cambio climático
A pesar de ser uno de los países menos industrializados del mundo Mozambique es una de las víctimas más importantes del cambio climático.
El artículo 37 de la Constitución de Mozambique plantea: «… el Estado promueve iniciativas para garantizar el equilibrio ecológico y la conservación del medio ambiente”. El Ministerio para la Coordinación de Acción Ambiental (MICOA) ha creado legislación al respecto como la ley del Impacto Ambiental y el Programa Nacional de Gestión Ambiental (PNGA).
Numerosas actividades orientadas a la repoblación forestal, creación de manglares en zonas estratégicas y limitación del uso de plaguicidas, por ejemplo, se ponen en marcha a raíz de esta legislación.
Sin embargo, cerca de 500.000 personas necesitan ayuda alimentaria cada año debido a las graves sequías que azotan las regiones internas del país. Las crisis que provocan los desastres naturales aumentan en intensidad y frecuencia debido al impacto del cambio climático.
Y es que, tanto en España como en Mozambique, como en cualquier país del mundo, la legislación y las subvenciones que conllevan las intenciones puestas en papel, son como la liebre a la tortuga, si bien esta tortuga del cambio climático es mucho más rápida.
La promoción de las prácticas sostenibles: única arma para detener el cambio climático
La realidad la sabemos, esto es: las variaciones climáticas están teniendo consecuencias en cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos, a la prevalencia de plagas y enfermedades y al estado de los suelos.
Se ha demostrado que la agricultura de regadío intensivo basada en monocultivos no contribuye al secuestro de carbono y a la lucha contra el cambio climático. Además de secuestrar muy poco carbono, la mayor parte del carbono secuestrado vuelve a la atmósfera de forma casi inmediata cuando se roturan las tierras tras cada cosecha. Además, la producción de fertilizantes que se utilizan en este tipo de agricultura es una fuente muy importante de gases de efecto invernadero. Y los suelos, con muy escasa cubierta de vegetación, compactados y pobres en materia orgánica, no ayudan a la adaptación al cambio climático, aumentando drásticamente el riesgo de erosión e inundaciones. (Joris de Vente, Grupo de Erosión y Conservación de Suelos y Agua del Cebas-CSIC)
Numerosos estudios científicos detallan cómo ciertas prácticas de manejo sostenible, como la labranza mínima, el uso de cubiertas verdes o diversificación de cultivos, pueden contribuir a la lucha contra el cambio climático.
Por eso desde Azada Verde impulsamos el desarrollo humano mediante prácticas de agricultura regenerativa para contribuir a la reducción de emisiones y los problemas de alimentación que genera la contaminación en un país como Mozambique donde la agricultura familiar es el único sustento para muchas familias.
